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Una escalofriante prueba de la destrucción de una comunidad.

Amnistía Internacional ha hecho públicas hoy, 31 de mayo, las primeras imágenes por satélite difundidas hasta ahora de la destrucción total de una gran comunidad en Zimbabue. Estas imágenes brindan la prueba más clara posible hasta la fecha del devastador impacto de la política de demoliciones de viviendas utilizada por el gobierno de Zimbabue.
"Estas imágenes por satélite son una prueba irrefutable –si es que acaso se necesitan más pruebas– de que el gobierno zimbabués ha destruido comunidades enteras, las ha borrado por completo del mapa, como si nunca hubieran existido", ha manifestado Kolawole Olaniyan, director del Programa para África de Amnistía Internacional.
La organización encargó las imágenes por satélite para demostrar la destrucción total de Porta Farm, un gran asentamiento informal establecido hace 16 años y que contaba con escuelas, un centro infantil y una mezquita. La organización difundió también grabaciones de vídeo que muestran los desalojos forzados que tienen lugar antes de las demoliciones.
"Las imágenes y las grabaciones son una prueba gráfica contra las políticas aplicadas por el gobierno de Zimbabue. Muestran la espantosa transición de un área con una comunidad vibrante a una zona de escombros y matas, en tan sólo diez meses", ha declarado Kolawole Olaniyan.
El 27 de junio de 2005, aproximadamente un mes después del comienzo de la Operación Murambatsvina ("Restablecer el Orden"), agentes de policía se presentaron en Porta Farm y empezaron a distribuir notas de aviso en las que decían a sus habitantes que recogieran sus pertenencias y abandonaran sus hogares. La policía dijo a los residentes que volvería a la mañana siguiente, dándoles menos de 24 horas para cumplir la orden.
A primeras horas de la mañana del 28 de junio, un convoy de vehículos de la policía llegó a Porta Farm. Los agentes iban fuertemente armados.
Los residentes observaron impotentes cómo las excavadoras y los policías con equipo antidisturbios reducían sus casas a escombros. Según los informes, los agentes amenazaron a los residentes, diciéndoles que golpearían a los que se resistieran al desalojo. La destrucción de Porta Farm continuó durante todo el día, y sólo se detuvo cuando cayó la noche. Miles de personas se vieron obligadas a dormir a la intemperie, entre los escombros, en pleno invierno.
Al día siguiente, la policía regresó para continuar con las demoliciones. También empezó a llevarse a gente a la fuerza, en camiones.
Los desalojos de Porta Farm tuvieron lugar mientras la enviada especial de la ONU, Anna Tibaijuka, estaba en Zimbabue. El 29 de junio, miembros del equipo de la enviada especial visitaron Porta Farm y presenciaron las demoliciones y el traslado forzoso de personas en camiones de la policía y del gobierno. El subsiguiente informe de la enviada especial dice que el equipo se sintió "conmocionado por la brutalidad" de lo que presenciaba. Observadores locales de los derechos humanos informaron de que, durante el caos, se produjeron varias muertes, entre ellas la de dos niños.
Información complementaria.
En mayo de 2005, el gobierno de Zimbabue inició la Operación Murambatsvina ("Restablecer el Orden"), un programa de desalojos forzados masivos y de demolición de viviendas y negocios informales. La operación, llevada a cabo en invierno contra un telón de fondo de severa escasez de alimentos, se dirigió contra las zonas pobres urbanas y de la periferia urbana en todo el país.
En un informe muy crítico hecho público el 22 de julio de 2005, Naciones Unidas estimó que, en el espacio de aproximadamente seis semanas, unas 700.000 personas habían perdido su hogar, sus medios de vida o ambas cosas.
Las comunidades afectadas por la Operación Murambatsvina son de las más pobres y vulnerables de Zimbabue. En varios casos, como el de Porta Farm, habían sido víctimas de desalojos forzados anteriores llevados a cabo por las autoridades. Casi no les dieron aviso previo antes de demoler sus casas, y no les proporcionaron alojamiento alternativo. El gobierno manifestó públicamente que los desalojados debían volver a las zonas rurales.
Las imágenes por satélite difundidas por Amnistía Internacional fueron analizadas por la Asociación Estadounidense para el Progreso de la Ciencia (American Association for the Advancement of Science), con financiación de la Fundación MacArthur, estadounidense.

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